*Irene Zugasti / Diario Red
La detención el pasado mes de junio de Asier y Youssef, dos activistas internacionalistas residentes en el País Vasco, ha trascendido la sección de sucesos para convertirse en un síntoma de una realidad política mucho más profunda y compleja que se cierne sobre Europa. La represión política m hacia quienes se movilizan y organizan en torno a la causa Palestina suma ya demasiados casos como para analizarse como un hecho aislado, y no como la señal de que algo está cambiando muy rápido en muchos países de nuestro entorno. Una buena evidencia de ello es la anunciada cumbre de Marco Rubio contra el “terrorismo de extrema izquierda”, donde EEUU pretende reunir a las agencias de seguridad e inteligencia de 60 estados afines para abordar una nueva era de la doctrina contra el terror.
El 16 de junio, un despliegue de la Policía Nacional en Sestao y Getxo culminó con el arresto de ambos jóvenes y el registro de sus domicilios. Las acusaciones iniciales, basadas en informes policiales, hablaban de vinculación con Hezbolá y presuntos delitos de adoctrinamiento, enaltecimiento y financiación del terrorismo. Sin embargo, tras pasar por los calabozos, el juez José Luis Calama decretó su libertad provisional, retirándoles el pasaporte, pero rechazando el ingreso en prisión al no apreciar una amenaza real de integración en estructuras terroristas.
Lo inquietante de este proceso no es solo el fondo judicial, sino el manejo de la información. Antes de que se produjeran las detenciones, el digital El Confidencial Digital (ECD) ya publicaba detalles minuciosos de la investigación, lo que forzó la aceleración del operativo. Esta maniobra mediática se produjo en un contexto de tensión judicial: el juez Calama ya había rechazado previamente las medidas cautelares en abril, calificando el informe de la Comisaría de Información como un conjunto de “hipótesis y suposiciones sin base objetiva”. Según el magistrado, la simpatía ideológica hacia organizaciones como Hezbolá no constituye, por sí misma, una conducta penalmente relevante en España. No obstante, tras un recurso de la Fiscalía y la publicación del informe en la web del Consejo General del Poder Judicial (presuntamente por error), el operativo se precipitó.
¿De qué se les acusa realmente?
Según los medios que accedieron al informe policial, la causa se apoya en tres ejes principales. Primero, la gestión de canales de información. Se les vincula con Frontflict, un canal de Telegram con más de 9.000 seguidores que difunde información documental y periodística sobre conflictos en Oriente Medio. A día de hoy, el canal sigue activo y se autodefine como estrictamente informativo.
La segunda pata es la del activismo y contactos internacionales: Se mencionan viajes a campamentos de refugiados en el Líbano, la dirección de campañas de boicot a eventos deportivos israelíes como la Vuelta Ciclista de 2025 y el envío de una suma irrisoria (142 euros) a un presunto miembro de Hezbolá. Estas pruebas, que podrían aplicarse a gran parte del activismo propalestino europeo, se presentan aquí como indicios de terrorismo.
La tercera es la afinidad con Irán: Su participación en charlas organizadas por la plataforma Iranenik Bai, donde intervino el embajador iraní en España, se ha utilizado para cuestionar su legitimidad política, ignorando que Irán es un Estado con plena legalidad internacional y representación consular en España.
No obstante, muchas de las informaciones son confusas y fácilmente contrastables: las noticias se equivocan en nombres y datos y mezclan a menudo datos de los acusados. Pero el relato ya estaba escrito.
El tabú de Hezbolá y la lógica de la «guerra contra el terror»
La palabra «Hezbolá» actúa en este caso como un resorte punitivo que busca legitimar cualquier acción del Estado. Poco importa que cualquier análisis geopolítico serio eche por tierra gran parte de la versión mediática, que evitan contar que la organización surgida en los años 80 para resistir la ocupación israelí en el sur del Líbano es hoy un actor político y militar fundamental en el país, gestionando servicios públicos, ministerios y contando con un ejército propio reconocido por el Estado libanés hasta fechas recientes.
En el caso de Youssef y Asier, ciertos medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la construcción del relato de culpabilidad antes de cualquier juicio
La percepción de Hezbolá está dividida por una clara frontera geopolítica. Mientras que la mayoría del mundo no la considera una organización terrorista, unos 30 Estados occidentales y sus aliados del Golfo sí lo hacen, a menudo diferenciando entre su ala política y militar. La Unión Europea, por ejemplo, solo clasifica como terrorista al brazo militar, manteniendo la legalidad de la rama política. Esta distinción es crucial porque evidencia que el concepto de «apología del terrorismo» no es una categoría objetiva, sino una consideración geopolítica subjetiva, aplicando una lógica en la que el enemigo geopolítico no es un interlocutor, sino un objetivo de castigo judicial.
Ulm, Fulton o Berlín. Un patrón europeo de represión
El caso de Asier y Youssef no es un hecho aislado; se enmarca en una tendencia creciente de criminalización de la protesta anti sionista en toda Europa, diseñada para sentar precedentes de ejemplaridad y forzar la autocensura.
El Reino Unido es uno de los países con legislaciones más severas en este aspecto. Los activistas de Palestine Action han sido condenados a penas de hasta 8 años de prisión por daños materiales en fábricas de armas israelíes, procesados bajo leyes antiterroristas a pesar de no haber ejercido violencia contra personas. Incluso artistas como el grupo de rap Kneecap han enfrentado procesos judiciales por exhibir simbología de Hezbolá en sus conciertos.
El escenario no es mejor en Alemania: El Estado alemán ha reactivado sedes judiciales históricamente reservadas para el terrorismo político (como la de la RAF) para juzgar a los activistas de Ulm que realizaron actos de desobediencia civil no violenta contra empresas de armamento israelí. Además, el uso de consignas como «Desde el río hasta el mar» se castiga sistemáticamente con multas y procesos penales que han caído ya sobre cientos de personas en el país.
Y el silenciamiento también se aplica a través de sanciones sin proceso ni juicio: tal el caso del periodista kurdo-alemán Hüseyin Doğru, sancionado extrajudicialmente por la UE, que le ha condenado a una «muerte civil» al no poder trabajar ni tener cuentas bancarias como castigo a su trabajo periodístico cubriendo la represión al movimiento de solidaridad palestino en Berlín.
El factor vasco y el peso de las etiquetas
En el caso de Youssef y Asier, ciertos medios de comunicación han jugado un papel fundamental en la construcción del relato de culpabilidad antes de cualquier juicio. Diarios como ABC y El Español han enfatizado las supuestas conexiones de los detenidos con la izquierda abertzale utilizando el «factor vasco» como un agravante mediático.
Este endurecimiento se alinea con una ofensiva internacional contra la izquierda organizada y los movimientos antiimperialistas
Se ha llegado a mezclar su caso con el yihadismo islámico, una negligencia periodística grave que transforma el marco narrativo. Geopolíticamente, movimientos como Hezbolá, Hamás o Irán (el llamado «Eje de la Resistencia») son antagónicos a grupos salafistas-yihadistas como el ISIS o Al-Qaeda, a quienes combaten frontalmente en la región. Sin embargo, el uso de la idea del «terrorismo islámico» sirve para despojar a los activistas de su carácter político (dos perdonas de izquierdas y activas en sus comunidades) para presentarlos como personajes oscuros y peligrosos ante la opinión pública.
Israel y el estado policial global
Para comprender por qué el Estado español intenta hacer prosperar una causa por terrorismo contra dos personas que no suponen una amenaza real, hay que mirar hacia el papel de Israel en el control social global. Ante el colapso de su prestigio diplomático, Israel ha optado por una estrategia punitiva que utiliza su avanzada tecnología de seguridad para activar los aparatos represivos de los Estados occidentales contra las voces críticas.
Este endurecimiento se alinea con una ofensiva internacional contra la izquierda organizada y los movimientos antiimperialistas. Desde las cumbres antiterroristas promovidas por Marco Rubio hasta la equiparación legal en la UE entre comunismo y fascismo, se está construyendo una arquitectura de control que busca cercar la actividad política de base. En última instancia, el caso de Asier y Youssef es una advertencia. Al poner el foco en la solidaridad con Palestina, el Estado busca castigar no un delito, sino la acción política coherente frente al genocidio televisado. Lo ocurrido en Sestao y Getxo no parece ser una operación de seguridad, sino un escarmiento colectivo para a desmovilizar a quienes confrontan la máquina de guerra imperial. Y eso debería ocuparnos (y preocuparnos).
