Los hundidos y los salvados (o lo que hicimos por Ucrania y sólo por Ucrania)

En septiembre de 2024, una decena de saharauis llevaba semanas retenidos en la Terminal 1 de Madrid-Barajas esperando a que alguien atendiera su solicitud de asilo, niños enfermos incluidos Entonces escribí en El Salto una pieza sobre la contradicción entre aquella penosa situación y lo que este país había sido capaz de montar dos años antes para las personas que huían de Ucrania. Me parecía entonces, y me sigue pareciendo, que la comparación era obscena: un Estado que despliega en cuatro meses una infraestructura de acogida para cientos de miles de personas y que, simultáneamente, era incapaz de tramitar diez expedientes en un aeropuerto.

Dos años después, parece coherente volver sobre ello porque la evidencia se ha vuelto todavía más flagrante. este agosto, con al menos 1.300 menores hacinados en Ceuta y tres comunidades autónomas negándose incluso a sentarse en la mesa donde se discute su reparto, el Gobierno ha reconocido oficialmente el “desborde” del sistema de acogida. Y lo ha hecho con el Pacto Europeo de Migración y Asilo ya plenamente aplicable desde el 12 de junio. Y a ello se le suman también las presiones de los socios comunitarios a España, para que actúe de forma ejemplar “devolviendo” a esas personas lejos del jardín europeo.

Pero claro que se puede acoger, si se quiere. En 2022 sí se pudieron crear —y financiar— unas infraestructuras específicas y una respuesta coordinada para millones de personas en toda Europa y en apenas cuatro meses. Y hacerla sostenible y prorrogable año tras año. ¿Por qué ahora no? Por que por encima de los pactos, derechos humanos, los tribunales o cuotas de reparto, está la voluntad política, que es la que verdaderamente decide si se abre o se cierra la puerta, si se abandona a los hundidos o se recibe a los salvados.

2022, cuando Europa abrió los brazos

La página Ucrania Urgente sigue alojada dentro de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 2026. Aunque recibe muchas menos actualizaciones que en 2022 y 2023, informa puntualmente de que la protección temporal se puede seguir solicitando hasta el 4 de marzo de 2027, enumera los cuatro centros CREADE de Pozuelo, Málaga, Barcelona y Torrevieja con sus teléfonos gratuitos, sus horarios y su cita previa, detalla los derechos asociados —residencia, trabajo, prestaciones, sanidad, escolarización— y precisa quién puede acogerse —las y los ucranianos, incluidos los nacionales de terceros países que residían legalmente en Ucrania—. Todo un ejercicio de claridad y diligencia, una “ventanilla única” digital útil, bien planteada y construida en tiempo récord.

El gobierno español no habilitó ningún “Senegal Urgente” ni un “Afganistán Urgente”. Menos aún un “Sáhara Urgente”. Tampoco se creó un “Siria Urgente” durante la llamada crisis migratoria de 2015

Hay una web similar a Ucrania Urgente en casi todos los países europeos: en Reino Unido, en Alemania, en Polonia… sorprende el nivel de detalle en la información y los recursos que pueden obtenerse allí: asesoramiento telefónico 24 horas, manuales de bienvenida, clases de idiomas, servicios de guardería, permisos para viajar con tu mascota, consejos para escolarizarse en clases extraescolares o mantener tu federación deportiva en el país de acogida, una bolsa de alquileres temporales… en la web británica, por ejemplo, se ofrece todavía una membresía anual gratuita a una cadena de gimnasios. El gobierno alemán ofrecía webinars para convalidar las titulaciones universitarias. En España, un Real Decreto agilizó el reconocimiento de víctimas de trata con fines de explotación, una reivindicación histórica para miles de víctimas extranjeras de esta violencia que nunca antes se había materializado así.

Obviamente, el gobierno español no había habilitado antes ningún “Mali Urgente”, un “Senegal Urgente” ni un “Afganistán Urgente”. Menos aún un “Sáhara Urgente”. Tampoco se creó un “Siria Urgente” durante la llamada crisis migratoria de 2015. Entonces, los gobiernos europeos encallaron debatiendo cuotas de reparto y refuerzos de control en fronteras, como ahora ocurre con Marruecos. Aquel año se registraron alrededor de un millón de solicitudes de asilo en toda la UE y se trató como una de las peores crisis de época de la Unión. Por ponerlo en comparativa, el mecanismo europeo de protección temporal para Ucrania activado en 2022 ampara a día de hoy a 4,41 millones de personas, según los datos de Eurostat de junio de este año 2026, y sigue creciendo.

Hay que señalar que tampoco hubo tal “Ucrania Urgente” cuando estalló la guerra en Donbass en la primavera de 2014, es más, España denegó entonces el 92% de las solicitudes de asilo de los ucranianos del este del país que huían de la guerra que no importaba un carajo a nadie.

La directiva de Protección Temporal para personas procedentes de Ucrania se mantiene extendida hasta marzo de 2027 y la Comisión ya ha propuesto llevarla hasta 2028.. Sirvió para articular un sistema sin precedentes en el acceso a alojamiento, mercado de trabajo o seguridad social, un mecanismo del que sentirse orgullosas, pero también para construir un relato autocomplaciente sobre una Europa de acogida, solidaria y abierta que los propios europeos, sintiéndose civilizados y cargados de valores, abrazaron ufanamente para sentirse un poco menos miserables. Total, ¡era tan sencillo ser solidario! La infraestructura pública y privada desplegada nos permitía ofrecernos en múltiples formatos. Tu casa, un ratito de tu tiempo, las mantas que te sobran, un paquete de arroz en el carro, donar 0,50 céntimos cuando pagas tu compra en el H&M, colgar un post de Instagram. Y todo ello, sintiéndote parte de un sentido común colectivo al que nadie osaría oponerse.

En junio de 2026, el gobierno danés presentó un proyecto de ley destinado a impedir que los hombres ucranianos en edad militar que no cuenten con exenciones militares oficiales reciban asilo. Ahora pretenden ampliarlo también a todos aquellos que provengan de regiones lejos del frente

Aquel 2022, el año en el que nos volcamos con los refugiados, España puso en marcha los centros CREADE, un sistema de recepción, atención y derivación excepcional para registrar, documentar y garantizar la protección en tiempo récord, pero sólo para ucranianos. En menos de cuatro meses se inauguraron cuatro de ellos y se crearon veintiún mil nuevas plazas de acogida. A costa de otros usuarios de diversos orígenes que tuvieron sus expedientes paralizados durante meses, como te puede contar cualquier profesional de los servicios sociales que vivieron todo aquello. Cuatro años después, esos cuatro centros han atendido a más de 260.000 personas y documentado a 126.396, y siguen funcionando. Sin embargo, en 2015, cuando España debía acoger a 14.931 personas que huían de Siria, Eritrea, Iraq o Afganistán según el reparto estipulado en la UE, aquello supuso un debate sobre las “cargas” económicas o la seguridad, acogiendo a esas personas casi a regañadientes. Hoy, los menores en Ceuta corren una suerte parecida, amontonados en el centro de Aljarafe como una patata caliente que todo el mundo querría arrojar lejos de sí. Mientras, a izquierda y derecha, se afanan en perfilarlos, dividirlos y clasificarlos entre menores o mayores, mujeres u hombres, pobres o ricos, delincuentes o buenos chicos, invasores o desamparados, migrantes económicos o políticos, merecedores de amparo u oportunistas. Nadie hizo eso con los ucranianos. Nadie les preguntaba quienes eran antes de abrirles la puerta.

Solidaridad cuñada y racismo teledirigido

Aragón, Extremadura y Castilla y León, en manos de la extrema derecha, han confirmado que ni siquiera acudirían a la Comisión Sectorial de Infancia del 13 de agosto convocada para repartir a los menores de Ceuta. El propio gobierno español y sus operadores tertulianos de la progresía televisiva se cuidan muy mucho de abogar por una política de puertas abiertas como la que presumían haber diseñado con los ucranianos, atrapados entre la realidad geopolítica (que Marruecos, Israel y EEUU se la han, con perdón, liado parda) y el pragmatismo doméstico (que nadie quiere a esos incómodos moritos cerca porque acogerlos tiene un coste reputacional negativo en vísperas de un otoño preelectoral).

Siempre hay, afortunadamente, gente buena. La que abrió sus casas en 2015, en 2022 o en Ceuta, con bocadillos y escucha en vez de pogromos e insultos. Y siempre hay gente abominable. El programa de Nacho Abad, por ejemplo, gasta horas en meter a la gente en la cabeza que los niños marroquíes son todos ladrones y vi0ladores en potencia. La empatía o antipatía hacia el que viene se construye mediática o políticamente. Denunciar la solidaridad teledirigida, o solidaridad cuñada, no significa en modo alguno señalar que las personas que necesitaban protección y refugio en 2022 no lo merecieran, ni establecer jerarquías entre las diferentes circunstancias, terribles, que te hacen tener que coger una maleta y atravesar una frontera lejos de tu casa.

Que te metan en un autocar, o en una lancha, que no sepas si vas a regresar, plantarse en un país nuevo, sin noticias de casa, con un nuevo idioma, volver a empezar. Lo que se denuncia aquí es la instrumentalización de un conflicto, un grupo humano y un casus belli, y lo que ello revela sobre nosotras mismas.

La invasión rusa provocó una enorme crisis humanitaria. Eso es innegable, al margen de lo que cada quien opinemos sobre las causas de ese conflicto o sobre la deliberada voluntad de las partes de mantenerlo. Pero hay muchas otras guerras que, al margen de sus responsables, desatan terribles consecuencias para la población que las sufre y casi nadie en Occidente mueve un dedo. ¿Recordamos aquel convoy de taxistas que se fueron al teatro de operaciones de Varsovia a sacar personas? ¿Y aquellos voluntariados corporativos que toda empresa de bien debía hacer, recogiendo ropa, cargando cajas, pintando murales, lo que fuera, pero algo, por Ucrania? ¿Y esos tipos que cogieron su furgoneta y se recorrieron tres mil kilómetros para contarlo en Instagram? ¿Esos convoyes de coches atravesando Europa sin que nadie dijera en voz alta que aquello de coger críos y meterlos en tu Volkswagen, por muy estupendo que te hiciera sentir, era tráfico de personas y una irresponsabilidad si no se hacía por vías oficiales? Por no hablar de esas galas solidarias, las lecciones de moral de las celebritis, los cocineros, los artistas, para determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta Guerra Fría de la ayuda humanitaria. ¿Han reflexionado algo en este tiempo quienes incluso reclutaron “voluntarios” para jugar a los soldaditos en Mariupol?

Durante varios meses, una histeria colectiva se apoderó de todas nosotras, y todo el mundo quería poner eso de “su granito de arena” en una causa que era la más justa, la más acuciante, la más grave de todas cuantas aquejaban al mundo. Había, por supuesto, muchas personas de buen corazón movilizadas ante lo que veían y escuchaban que ocurría al otro lado de Europa. Pero sé que no me equivoco cuando digo que esa solidaridad teledirigida activó a muchas otras personas que jamás en su vida se plantearían conducir unos pocos kilómetros en dirección a Algeciras a recoger a un niño magrebí, ni habrían abierto la puerta de su casa a una joven maliense, ni comparten en sus redes un post sobre Palestina por el coste que ello podría suponerles.

Reaccionarios, oportunistas, opinadores y celebridades que jamás se habían comprometido con ninguna causa que pudiera mancharles se convertían, de pronto, en adalides de una solidaridad compulsiva, apremiante, casi obligatoria.

Sí, probablemente un elemento clave fuera el étnico-racial, aunque no todos los ucranianos y ucranianas son rubios y de ojos azules. En realidad, el racismo anti-eslavo es muy común en otras zonas de Europa, así que no todo podría explicarse desde ahí. De hecho, en los últimos años, han emergido preocupantes posiciones racistas contra los refugiados ucranianos en países como Chequia o Polonia, resucitando ese odio hacia todo lo que viniera del este y evidenciando las viejas tensiones regionales. Un ejemplo: la policía polaca registró 180 denuncias por delito de odio contra ucranianos en el primer semestre de 2026, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, eso no es la norma en Europa occidental —ni en España— ni son cifras comparables con el odio que reciben poblaciones migrantes de otros orígenes como magrebíes o subsaharianos.

No fue (solo) racismo. Fue imperialismo, fue geopolítica

Todo aquello no tuvo como objetivo salvar ucranianos, sino preparar a un continente entero para asumir como inevitable una guerra y sus sacrificios, para que el rearme, los presupuestos de defensa y la economía de guerra encontrasen a una ciudadanía ya emocionalmente instruida. Sin quererlo, nos convertimos en la retaguardia civil de un frente militar, y funcionó tan bien que hasta quienes llevábamos años denunciando el racismo institucional de las políticas migratorias europeas nos quedamos sin margen para señalar lo evidente sin parecer canallas por señalar los evidentes privilegios de unos sobre otros. Pero si hubiera habido una voluntad real de salvar a Ucrania de un destino terrible, al mismo tiempo que se acogía y con razón a esas personas, se habría trabajado con el mismo ahínco político en una paz negociada y no una escalada militar. Pero ahora sabemos que en Estambul, entre marzo y abril de 2022, la delegación ucraniana se levantó de la mesa tras la visita de Boris Johnson a Kiev y, según reconoció después el propio jefe del equipo negociador ucraniano, David Arajamia, en noviembre de 2023, lo hicieron con el mandato de seguir luchando y de no firmar un alto el fuego bajo ningún concepto. Muchos querían salvar Ucrania… a costa de los ucranianos.

En junio de 2026, el gobierno danés presentó un proyecto de ley destinado a impedir que los hombres ucranianos en edad militar que no cuenten con exenciones militares oficiales reciban asilo. Ahora pretenden ampliarlo también a todos aquellos que provengan de regiones lejos del frente. Alemania recortó las prestaciones a los recién llegados en 2025 y desde julio de este año está desmontando el Bürgergeld tal y como se conocía, con la advertencia explícita del canciller Merz de que quien quiera mantener la ayuda tiene que estar dispuesto a trabajar. Polonia lleva desde 2024 pidiendo que se les corte la seguridad social a los hombres en edad de reclutamiento. Y el 26 de junio de 2026 llegó la traca final, cuando la Comisión Europea propuso prorrogar la protección temporal hasta marzo de 2028 excluyendo a los hombres ucranianos de entre 23 y 60 años que lleguen a partir de ahora, es decir, exactamente a quienes no pueden salir legalmente de Ucrania porque tienen obligaciones militares pendientes. El comisario de Interior, Magnus Brunner, lo justificó diciendo que “nuestra propuesta tiene en cuenta las necesidades de defensa cambiantes de Ucrania”, y semanas antes había sido aún más transparente al reconocer que esto se lo había pedido Kiev. Yo no puedo olvidar aquella broma que le gastaron en agosto de 2022 los youtubers rusos Vovan y Lexus al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haciéndose pasar por Vitali Klitschko, alcalde de Kiev. Almeida se mostró partidario de devolver a los refugiados ucranianos para que cumplieran “su obligación legal de combatir en el frente” en vez de quedarse a “relajarse en las playas españolas”, y añadió que ya se organizaría el transporte.

Ucrania lleva vaciándose desde la desintegración de la URSS, cuando la catástrofe económica convirtió al país en una diáspora permanente

De cristalizarse todas estas amenazas —la de inadmitir o incluso devolver hombres a luchar en combate a Ucrania—, sería la primera vez en la historia del derecho de asilo europeo que se propone negar la protección a un grupo de personas por el hecho de que su Estado las necesita para morir.

Cuando el otro día mi compañera Alejandra Martínez defendía en televisión que sí se pudo acoger a 250.000 ucranianos bien se podría acoger a un par de miles de marroquíes o subsaharianos, muchos le replicaban que no es lo mismo huir de una guerra que ser parte de este “salto” provocado por Marruecos para desestabilizar la frontera, y que no es lo mismo acoger a adolescentes y hombres “en edad militar”, como dicen los fascistas, que a mujeres, niños y ancianos. Ambas objeciones son problemáticas y fácilmente desmontables.

Primero, ¿qué es huir de una guerra? Huir de una guerra es, a veces, huir de otras cosas: de la pobreza o de la falta de oportunidades, o del hambre, o de tus vecinos. Y puede que no huelas una bomba a kilómetros. Lo demostraba el separalibros que me dieron durante la Feria del Libro de Madrid en primavera de 2022, con el dispositivo recién estrenado. Se repartía en la caseta levantada al efecto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el escudo del Gobierno de España arriba, el teléfono de Ucrania Urgente en grande y el titular de que ya se había atendido a más de cincuenta mil personas en los CREADE. Lleva impreso un mapa de Ucrania coloreado por región de procedencia de las personas desplazadas atendidas en aquellos centros. El Oblast de Kiev aparece en naranja oscuro con un 33%. Lviv e Ivano-Frankivsk, en el extremo occidental del país, pegados a la frontera polaca y a más de mil kilómetros del frente, están entre el 5 y el 10%, igual que Odessa. Járkov, en amarillo pálido, entre el 2 y el 4%. Y Donetsk y Lugansk, las dos provincias que llevaban entonces ocho años bajo los bombardeos, aparecen en blanco, por debajo del 2%. La mayoría de los desplazados de la zona de guerra, de hecho, cruzaron la frontera en dirección contraria, hacia Rusia, donde Naciones Unidas llegó a registrar a un millón doscientos ochenta mil ucranianos y ucranianas. En Europa, según Eurostat, los países que más acogen a día de hoy siguen siendo los vecinos, con Alemania a la cabeza con 1,29 millones de personas, Polonia con 961.170 y Chequia con 390.810. España está en cuarto lugar con el 5,4% del total, una cifra llamativamente alta para ser un país sin frontera común ni obligación estratégica, pero que igualmente documentó un cuarto de millón de personas en cuatro años. Nunca sabremos -o sí- de dónde le vino a España ese afán atlantista por ser el primero de la clase en una guerra que ni le iba, ni le venía, y donde podría haber tenido un papel mucho más digno mediando por una paz y una desescalada, en vez de hablar como si nuestra capital fuera Riga y no Madrid y lleváramos en la piel todos los agravios del Pacto de Varsovia.

Pero volviendo al argumento de que solo es merecedor de asilo quien tiene las bombas sobre la cabeza, cuando uno de cada cuatro desplazados sale de la capital y menos del 5% procede del territorio que llevaba una década bombardeado, lo que estamos describiendo ya no es solo una huida, sino también una migración perfectamente racional y comprensible activada por una puerta que Europa abrió —permiso de trabajo inmediato, escolarización, sanidad, prestaciones, alojamiento— para quien tuviera el pasaporte adecuado en el momento adecuado. Y es lógico que muchas personas la atravesaran por el miedo a lo que podría venir y por la oportunidad de una migración con garantías. Pero aquella salida no empezó en 2022. Ucrania lleva vaciándose desde la desintegración de la URSS, cuando la catástrofe económica convirtió al país en una diáspora permanente: de los cerca de 52 millones de habitantes que tenía en 1991 se ha pasado, según las estimaciones del propio gobierno ucraniano para el territorio bajo su control, a algo que ronda los treinta millones. Cualquiera que haya vivido en Alemania, en la República Checa o en Polonia ha podido ver con sus ojos la posición precaria que ocupaban muchas ucranianas y ucranianos en esos mercados laborales mucho antes de que llegasen los tanques. La guerra aceleró una hemorragia que ya existía y en esa acogida, muchas personas vieron una oportunidad, un efecto llamada. Respecto a la cuestión sobre la masculinización o feminización de la población a acoger, nadie dice la incómoda verdad de que si no hay más hombres ucranianos acogidos, es, simplemente, porque están atrapados en su país.

Hace 80 años se construyó el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, que servían para eso, para que la respuesta no dependiera de unos cuantos gobiernos poderosos sino de unas normas que, al menos en la teoría, nos ataban a todas

Hay 264.246 protecciones temporales concedidas por España a personas procedentes de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, y en el conjunto de la UE las mujeres adultas son el 43,4% y los menores el 29,6%. Una proporción lógica si recordamos que en Ucrania los hombres no pueden huir del reclutamiento, porque el alistamiento militar es obligatorio gracias a una serie de leyes marciales que se han ido modificando para reducir la edad de alistamiento —hasta los veinticinco años desde abril de 2024— y endurecer las condiciones de exención para librarse de ir a la carnicería del frente. La ley marcial y la movilización, por cierto, acaban de prorrogarse otra vez, hasta finales de octubre de este año. Si los hombres tuvieran oportunidad de salir del país, también lo habrían hecho en masa, como denuncian cada vez más medios. Los soldados desertan cuando vienen a entrenarse a Europa; los jóvenes y estudiantes aprovechan las salidas por estudios para no regresar; quienes tienen dinero o redes, pagan bajo cuerda para poder salir. Evadir la movilización se castiga con tres a cinco años de cárcel y desertar con hasta doce. Y mientras tanto, el apoyo a negociar el fin de la guerra pasó del 27% al 69% en dos años y los partidarios de resistir hasta el final cayeron del 63% al 24%.

Jerarquías migratorias, o los hundidos y los salvados

Si alguien quiere comprobar cómo funciona el mecanismo sin necesidad de esperar a ver qué pasa con Ucrania, tiene el caso venezolano, que ya ha completado el ciclo entero. Desde 2018 España concedió unos 240.000 permisos de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos, un procedimiento exprés que no exigía demostrar persecución individual y que sirvió lo mismo para quien huía de los peores años de pobreza y sanciones contra Venezuela que para el hijo de la burguesía caraqueña que se instalaba en Pozuelo, mientras el chavismo era el enemigo hemisférico. Tanto es así que en 2025 los venezolanos concentraron el 99,4% de todas las autorizaciones por razones humanitarias concedidas en España, 49.178 de 49.473. El 3 de enero de este año Estados Unidos secuestró a Maduro e intervino el país, y el 30 de junio, apenas seis meses después, España eliminó la regularización exprés. La ministra Elma Saiz explicó que se trataba de un cambio “de formas, no de fondo”, y probablemente tenga razón, aunque no en el sentido que ella quería darle: el fondo siempre fue el mismo, y consistía en que la puerta se abre cuando el país de origen es un enemigo útil y se cierra en cuanto deja de serlo.

Los mismos que hoy nos explican que unos niños marroquíes hacinados en un polideportivo de Ceuta son una invasión, una amenaza y un problema de orden público, se deshicieron en 2022 por ser héroes rescatadores de otros niños, esos sí, bendecidos por la caridad del telediario. El “buen refugiado” es una niña frágil, rubia, aterida de frío. El “mal refugiado”, un morito en chanclas. Ellos te dirán que es una cuestión cultural, que si la cristiandad, los valores europeos, que no es lo mismo huir de la guerra de Putin que del hambre del Rey de Marruecos o la pobreza de Senegal. Usarán hasta la violencia contra las mujeres como argumento si hace falta (otro día hablamos del tráfico y trata de mujeres y niñas ucranianas en Europa, por cierto). Y el progresismo liberal, en realidad, calla y se demuestra incapaz porque, en el fondo, piensa lo mismo y tiene los mismos prejuicios, aunque quizá con un poquito más de caridad y empatía, pero sin la valentía necesaria para preguntarse por qué ahora no, y antes sí se pudo.

¿Quién decide quién se salva y quién se hunde? ¿Quién merece que le abran la puerta y quién debe asumir su destino con resignación sin moverse del sitio? ¿Dónde acaba exactamente una guerra y empieza el hambre, dónde acaba el hambre y empieza eso que llamamos migración económica, quién establece el pedigrí del buen asilado o del buen migrante, quién elige quién atraviesa la ruta segura y quién la insegura?

Para que todo esto fuera un poquito más justo, hace 80 años se construyó el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, que servían para eso, para que la respuesta no dependiera de unos cuantos gobiernos poderosos sino de unas normas que, al menos en la teoría, nos ataban a todas. Pero todo eso se está desvaneciendo delante de nosotras.

Los que armaron Ucrania hasta el último ucraniano, después de haberla vaciado con la terapia de choque de los noventa, son los que ahora proponen dejar a sus hombres sin protección para devolverlos al frente

Hay que tener mucho cinismo en el cuerpo para explicarle a la ciudadanía que no hay dinero público para acoger, que no hay plazas, que no hay recursos, que no hay margen presupuestario, cuando lo hemos visto hacer delante de nuestros ojos. Hay que tener todavía más cinismo cuando, además, no estamos hablando de ser caritativos, sino de ser responsables con lo que ha sido y es Europa, la que esquilma sus caladeros, hurga en sus minas, explota sus cuerpos, traza sus fronteras y financia a sus tiranos pero luego les pide que , por favor, no vengan a pisarnos las flores.

Los que armaron Ucrania hasta el último ucraniano, después de haberla vaciado con la terapia de choque de los noventa, son los que ahora proponen dejar a sus hombres sin protección para devolverlos al frente. Los que pagan a Rabat para que ejerza de carcelero de nuestra frontera sur son los que se escandalizan cuando el carcelero afloja la mano y aparecen mil trescientos críos en una playa. En 2022 hizo falta una campaña mediática, cultural y propagandística para empatizar con aquellas personas tan parecidas a nosotros, la contraria que se ha activado ahora, que busca que temamos y nos extrañemos de esa masa desordenada y oscura que se agolpa en nuestra frontera sur. Y de telón de fondo, la construcción de un estado de opinión que justifique las políticas de este régimen de guerra y de Europa fortaleza. Ahí reside su gran pacto, el acuerdo inquebrantable.